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IV
Reconoces las tendencias de los procesos de
cambio económico en la sociedad mexicana
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Inseguridad y narcotráfico
En la década de 1980 el combate a la delincuencia organizada y narcotráfico no
eran temas de la agenda del gobierno mexicano. Sin embargo, para ese momento
ya se señalaban la existencia de grupos que se dedicaban de manera importante al
tráfico de estupefacientes o drogas, cuyo principal destino eran los Estados Unidos
de Norteamérica.
Como parte de las políticas de Seguridad Pública, las medidas contra el narcotráfico
se han definido al reconocerlo como uno de los problemas de mayor relevancia para
el gobierno mexicano durante los últimos 15 años.
El problema se volvió más evidente como asunto público en los últimos años, espe-
cialmente a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón, en que una explícita
declaración de guerra se cristalizó en eventos muy violentos en importantes zonas
del país,
que derivaron en
la muerte de miles de personas.
Desde una perspectiva de mediano plazo es necesario ubicar que los cambios más
importantes en la materia iniciaron desde los años de 1994 – 1995, cuando se modi-
ficó la Constitución para hacer de estos temas, áreas
en que concurren los gobier
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nos federal, estatal y municipal. A partir de esos años, paulatinamente se creó un
sistema no jurisdiccional para proteger los derechos humanos (con las comisiones
nacional y estatales respectivas), se rediseñó el Poder Judicial y se creó un marco
jurídico de instituciones para combatir a la delincuencia organizada.
Todo ello fue acompañado por una importante inyección de recursos públicos, pese
a lo cual persisten altos niveles de delincuencia y los ciudadanos siguen sin confiar
en las policías y en los impartidores de justicia; en su percepción, de acuerdo con
Arellano, E. (2010) los procesos judiciales son tortuosos; los márgenes de impuni-
dad son muy altos, se percibe además que el sistema penitenciario castiga mayori-
tariamente a los delincuentes menores y que en no pocas ocasiones son centros de
operación de mafias organizadas.
Diversas explicaciones de los resultados obtenidos, así como propuestas de trabajo
en la materia, identifican la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 como una
relevante y prometedora
transformación de las instituciones de seguridad pública y
de justicia del país.