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Libro para el Maestro
De acuerdo con su situación
histórica,
todos los pueblos han dejado ver diferentes características
en sus distintos procesos de cambio y transición a la
democracia. Muchos ana listas coinciden en que la defensa
y promoción de los derechos políticos como derechos
humanos –enarbolada desde finales de la década de los
ochenta del siglo pasado tanto por algunas organizaciones
civiles y académicas, como por algunas fuerzas políticas de
distinto signo que llevaron al establecimiento de
instituciones electorales autónomas y confiables, sobre todo
en el nivel federal– fue lo que propició la alternancia en
nuestro país. Hace falta, sin embargo, pasar ahora a una
verdadera transición a la democracia que incorpore una
democracia económica, la cual no puede ser concebida sin
el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de
todos como columna vertebral e ineludible de una auténtica
reforma del Estado. Se ha dicho con razón que “sin derechos
humanos no hay democracia”; hoy es cada vez más
evidente en el nivel internacional, particularmente en
muchos países de América Latina, que sin el reconocimiento,
el respeto y la vigencia de los derechos económicos sociales
y culturales no hay democracia electoral o política que
resista.
Ante la creciente exclusión y pobreza de grandes mayorías,
el derecho a la vida en nuestro contexto ya no se entiende
únicamente como derecho fundamental a la integridad física
y psíquica de la persona frente a las arbitrariedades del
Estado, ni siquiera sólo como oposición al establecimiento y
aplicación de la pena de muerte, sino sobre todo como
derecho humano a las condiciones básicas para asegurar la
reproducción de la vida misma y como obligación inmediata
del Estado de reconocerlas, respetarlas, protegerlas y
realizarlas en pie de igualdad para todos los ciudadanos y
ciudadanas. Necesitamos todavía superar aquellas
consideraciones ideológicas estrechas que reducen los
derechos humanos únicamente a sus formulaciones
individualistas civiles y políticas, y hacer valer en el nivel
nacional una concepción integral e indivisible de los
mismos, tal y como lo reconocen los sistemas multilaterales
de su protección desde por lo menos la década de los
setenta.
Felizmente el diagnóstico sobre la situación de los derechos
humanos en México, que en estos días coordinan cuatro
expertos convocados por la Oficina del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos –los doctores Sergio
Aguayo, Isidro Cisneros, la doctora Clara Jussidman y el
licenciado Miguel Sarre, con la colaboración activa de la
sociedad civil–, se inspira en una visión de “universalidad,
integralidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos”; asimismo, incluye un
análisis sobre los obstáculos estructurales que impiden el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales,
así como del derecho al desarrollo por parte de todos los
mexicanos.
Por razones de brevedad, pretendo exponer el tema de este
artículo a partir de cuatro tesis, tratando de fundamentar al
final una conclusión y un punto de vista critico.
TESIS 1 JUSTICIA SOCIAL Y DEMOCRACIA EN
LAS SOCIEDADES COMPLEJAS Y PLURALISTAS
Por lo que respecta al concepto moral, la justicia social tiene
dos significados correlativos: 1) la justicia en cuanto
principio normativo fundamental de la vida en común, es
decir, como ideal y criterio superior de la acción individual,
de las instituciones o del orden fundamental de convivencia
en una comunidad política. En este significado la justicia se
relaciona necesariamente con el ámbito del derecho, de la
legislación y de la jurisprudencia, de las que es criterio, así
como con el Estado en cuanto autoridad legítima; dicho de
otra forma: la justicia social aparece como idea normativa
del derecho y del Estado. 2) Como actitud moral, que a
diferencia del amor, la amistad o la benevolencia, no se basa
El compromiso por la justicia social, una exigencia
de la ética cívica y política
Miguel Concha Malo. “El compromiso por la justicia social, una exigencia de la ética cívica y política”, en
Revista Contaduría y Administración
, México, no. 211, octubre-diciembre, 2003, pp. 31-28.