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Libro para el Maestro
en una simple predisposición “bondadosa” hacia el otro. En
este significado la justicia es una característica de la
personalidad, según la cual el justo actúa como tal por una
convicción y no por el temor a una sanción jurídica o a la
reprobación social. Aquí la justicia se afirma como una virtud
que busca no perjudicar al otro, conculcando o violentando
cualquiera de sus derechos. La virtud de la justicia en el
ciudadano es considerada como un freno indispensable a las
tendencias de la sociedad política por acciones
evidentemente injustas, inequitativas y excluyentes. El
núcleo de la representación de la justicia en la cultura
moderna es la idea de la dignidad humana inviolable, de la
libertad y de la solidaridad, así como del principio de
igualdad entre las personas, quienes por lo mismo deben ser
tratadas por igual y consideradas en igualdad de
condiciones.
En síntesis, todo trato desigual es injusto; en resumidas
cuentas la justicia social es un imperativo ético, político y
jurídico del Estado, además de un deber moral de los
ciudadanos. Como expresa el doctor Luis Villoro Toranzo, en
una serie de conferencias impartidas en el marco de la
Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey 1 , la equidad es el signo
de la justicia social, puesto que consiste en dar un trato
semejante a todos, de manera que todos puedan realizar
por igual su propio plan de vida. Es por tanto un fin del
Estado, el cual en un modelo de asociación no únicamente
garantiza libertades negativas (es decir, las no prohibidas
por la ley), ni sólo libertades positivas (es decir, que
permiten la participación en la elaboración de las leyes y en
la elección de los gobernantes), sino también lo que él llama
libertades de realización (es decir, oportunidades para poder
realizar el propio plan de vida por parte de todos y cada uno
de los miembros de esa sociedad sin excepción), por lo que
no puede Admitir las desigualdades que impidan la equidad.
Por el contrario, debe promover la supresión al máximo de
ellas y al mismo tiempo rectificar aquellas que crea la
competencia entre los miembros y grupos de la asociación.
No es posible concebir una transición democrática sin
justicia social, y a su vez no es posible impulsar procesos de
expansión de la justicia social sin reconocer la preeminencia
del interés público sobre el interés privado. Como sabemos,
en el mundo actual aumentan peligrosamente las
desigualdades y no sólo la cantidad de pobres, sino también
la calidad de la pobreza, que se expresa en estructuras que
propician una degradación humana cada vez mayor.
Existen procesos simultáneos de globalización que hacen
posible hablar más bien de “globalizaciones”, La
mundialización de los poderes comunicacionales, la
internacionalización de las economías y el imperio del
mercado van acompañados también de otros procesos de
expansión que es necesario percibir: una globalización de los
liderazgos económicos y políticos que gobiernan o jefaturan
al mundo; una globalización de las organizaciones civiles,
que plantean el proyecto de que “otro mundo es posible”;
una globalización de las instituciones y otra de los
movimientos colectivos que buscan influir en la toma de
decisiones y hacerse cargo de su destino. Esta intersección
de los procesos de creciente mundialización plantea la
necesidad de discutir sobre la urgente justicia social, así
como sobre los derechos humanos integrales y su vigencia,
dado que la ciudadanía no puede desarrollarse en una lógica
democrática, si no se garantizan previamente un conjunto de
derechos de las personas; por ello, democracia, derechos
individuales y colectivos, y solidaridad constituyen conceptos
clave para promover y realizar la justicia social en un nuevo
marco ético de convivencia, necesario en un mundo
convulsionado por las nuevas y viejas intolerancias y
discriminaciones, además por la violencia, la guerra y el caos.
La erradicación de la pobreza y la búsqueda de la justicia
social constituyen tareas importantes para la defensa y
protección de los derechos humanos en este siglo XXI. Un
nivel decente de vida, nutrición suficiente, atención a la
salud, educación, vivienda y trabajo no son simplemente
estadísticas, índices de crecimiento económico o metas de
desarrollo, sino son principalmente derechos humanos y
cuestiones de justicia social. Todos los países necesitan
fortalecer sus mecanismos de justicia social para garantizar,
como expresa Villoro, la realización de las libertades
humanas, con marcos jurídicos, instituciones y políticas
económicas y sociales propicias; no basta, en efecto, con la
mera legislación. La Declaración de Copenhague (derivada
de la
Cumbre mundial sobre desarrollo social
de 1995),
aprobada por 117 estados, incluido México, es categórica al
declarar y definir que son varios los factores que se deben
tomar en cuenta para combatir este mal social porque
“erradicar la pobreza es un imperativo ético, social, político
y económico de la humanidad”.
El enfoque del desarrollo basado en la justicia social está
convirtiendo al reconocimiento y respeto de los derechos
humanos en parte integral de los procesos, políticas y
programas de desarrollo. En el plano nacional, cada vez se
reconoce más la importancia de considerar los objetivos y
políticas del desarrollo desde una perspectiva de derechos
humanos y justicia social; tal perspectiva está adquiriendo
una importancia creciente en la cooperación para el
desarrollo en el plano internacional, aunque todavía falta
un largo trecho por andar.
Por otro lado, la información y las estadísticas utilizadas
para conocer la realidad, y no como instrumentos políticos,